En términos de las directrices de política criminal de esta Fiscalía General del Estado, en cuanto a recibir y atender todo tipo de denuncias, en torno al conflicto político y social respecto del Ayuntamiento de Compostela, se informa que a la fecha han sido interpuestas más de una decena de denuncias por parte de diversos actores políticos locales, -apareciendo en algunas de ellas las mismas personas-, lo mismo como denunciantes que como denunciadas.
Como es nuestra obligación constitucional, se ha procedido a la investigación de los hechos buscando a las partes interesadas para proponer, en términos del nuevo sistema de justicia penal, vías alternas para la solución de conflictos, privilegiando el resarcimiento del daño mediante acuerdos reparatorios o bien la adopción de criterios de oportunidad; ello es una obligación constitucional también, lo anterior con el objeto de atender los reclamos de las partes involucradas y a su vez privilegiar y abonar a la paz social y política del municipio de Compostela, en este caso especial, pero asimismo en cualquiera de los problemas a lo largo y ancho del estado.
Se pide a la ciudadanía confiar en la Fiscalía General, y se aclara que la cita a una persona con carácter de imputado es para hacerle del conocimiento de una investigación en su contra, como parte de lo que representa el ejercicio del derecho de defensa, pero nunca se tratará de una amenaza o transgresión de derechos; también la posibilidad de llegar a un acuerdo con las partes ofendidas y/o con la Representación Social, es una potestad que puede o no ser aceptada, mas es una opción legal siempre voluntaria.

Actualización: 2019-03-11 19:23:58
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